El puerto de Mazán, a una hora en río desde Iquitos —la capital de la región de Loreto— cuenta con un atracadero de botes improvisado y a medio construir. Sus rampas están tan corroídas en algunas partes, que dan la impresión de estar a punto de  caerse. Cualquier pasajero que toque tierra en este municipio encontrará una orilla cubierta de desechos plásticos, donde los niños y jóvenes juegan descalzos.

El transporte fluvial por el río Napo, que desemboca cerca de la localidad en el Amazonas: El Amazonas, el río con mayor volumen de agua del mundo, atraviesa la selva tropical y conecta Perú, Colombia y Brasil., se activa desde las seis de la mañana. A esa hora, Aldo Alexis Tuesta Fung, de 18 años, empieza a trabajar desembarcando los distintos productos que abastecen a los negocios del municipio a través de pasarelas de madera inestables y delgadas. Por lo general, trabaja de corrido hasta el mediodía. Luego se da un chapuzón en el río.

“Mazán está creciendo, pero no hay nada de bueno. Hay pobreza y el alcalde no hace nada. Se debe tener un buen mercado, plaza y puerto porque mira cómo está este”, señala a su alrededor. Sin embargo, no hay indicios de que el municipio invierta en alguna mejora o nueva construcción. La única obra que está próxima a inaugurarse es la escultura de un paiche o pirarucú —un pez local de gran tamaño que habita en los ríos amazónicos— acompañada de unas letras coloridas que componen el nombre de ese distrito en grandes mayúsculas: MAZÁN.

La visión pesimista del joven Tuesta Fung sobre las condiciones de vida de sus poco más de 14.000 habitantes también se refleja en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei): más de la mitad de la población del distrito, dedicada mayoritariamente a la agricultura y la pesca, no tiene los recursos económicos suficientes para adquirir una canasta básica familiar cada mes. 

En la mayoría de sus casas, construidas con madera o ladrillos, solo hay electricidad durante algunas horas de la mañana y de la noche, y agua potable dos o tres veces a la semana. Además, el 57% de esas viviendas no cuenta con servicios higiénicos, según el Inei. 

Las obras públicas tampoco están en las mejores condiciones: hay varios edificios públicos a medio construir por demoras de las autoridades locales, varias calles están sin pavimentar y el botadero de basura, a menos de diez minutos del centro del municipio, despide un olor putrefacto y ofrece una vista horrible para cualquiera que ingrese a Mazán por ese camino. 

Las carencias evidentes y las preocupaciones de la población de Mazán contrastan con los más de 14 millones de soles presupuestados este año para el municipio por ser una zona de tránsito del petróleo extraído: La extracción de petróleo es el proceso de retirar crudo del subsuelo con fines comerciales. Puede realizarse en tierra firme (onshore) o en el mar (offshore). en diferentes puntos de la región. 

Aunque no cuenta con operaciones directas en su área, distritos como este también se benefician de las regalías que las compañías otorgan a Perú por su producción. El monto representa el 64 % del presupuesto municipal del año, según el portal de Transparencia Económica, que publica la aplicación de los recursos públicos del Perú.

En Mazán, aunque una parte considerable de los recursos se destina al desarrollo, estas inversiones no logran aliviar las condiciones de pobreza en medio de la actividad extractiva a lo largo de la región Loreto. Para entender el problema, el equipo de Ojo Público viajó al distrito en octubre de 2024. La visita formó parte de la investigación Hasta la Última Gota, que incluye a cuatro medios de comunicación y explora los impactos de la producción petrolera en los países de la Amazonía.

En la Amazonía peruana, la actividad extractiva de petróleo inició hace más de 50 años. En noviembre de 1971, la empresa estatal Petroperú descubrió yacimientos de crudo en la cuenca del río Corrientes, en la provincia loretana de Trompeteros. A partir de esta época hubo una fiebre por la explotación: La exploración es la fase inicial tras la concesión de un bloque petrolero a una empresa o consorcio. Consiste en estudios para localizar reservas viables, como levantamientos sísmicos y perforaciones exploratorias. A diferencia de la fase de producción, en esta etapa aún no se realiza una extracción continua de petróleo o gas con fines comerciales. que llegó a tener 14 empresas que operaban en la zona. 

Desde entonces, se empezó a pensar en algunas formas de distribución de los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales. Por un lado está la regalía, es un pago directo de las empresas al Estado por el derecho de explotación, una tasa sobre la extracción, equivalente a lo que en Brasil se denomina royalties. Por otro lado está el canon, la transferencia que  el gobierno nacional hace a los gobiernos regionales y municipales, a partir de la recaudación del impuesto sobre la renta de las petroleras.  

Según la ley peruana, los dineros del canon deben utilizarse únicamente para la ejecución de obras públicas que mejoren la calidad de vida de la población. En algunos casos, estos ingresos en localidades petroleras pueden representar más del 40% del presupuesto total de los municipios, según nuestro análisis basado en datos del gobierno peruano.

Este esquema se estableció para cada territorio (gobierno local o regional), entre finales de la década de 1970 y la de 1980. La primera norma data de 1976 y es específica para Loreto, cuya población ya había sufrido por la extracción de la madera y la explotación del caucho, con episodios de violencia que afectaron a las comunidades indígenas. 

Teniendo como antecedente este mal recuerdo, la población loretana exigió entonces una compensación: Es una garantía financiera ofrecida por una empresa, que establece un monto a ser pagado como compensación en caso de daño ambiental, como un derrame de petróleo.: que las compañías paguen una renta petrolera del 10% del valor de su producción.

Algunas décadas después, se publicó la Ley de Canon en 2001, que empezó a aplicarse también para otros sectores extractivos como el minero, gasífero, hidroenergético, pesquero y maderero. En el caso de petróleo, para la región Loreto, hasta el 2011 se mantuvo la tasa del 10 % sobre la producción, cuyo monto debe ser destinado a “obras de impacto regional” y previsto en los presupuestos de los gobiernos locales. A partir del 2012, la tasa del canon se elevó al 15%.

En todos los casos, los montos que reciben las autoridades locales deben estar destinados a “obras de impacto regional”, las mismas que se consideran en los presupuestos anuales de los gobiernos locales. 

En paralelo a este proceso normativo del canon, además de las obras de infraestructura en beneficio de la población, las comunidades indígenas han buscado durante casi dos décadas alguna forma de compensación por daños en los ecosistemas. Esa lucha llevó a que en 2006, luego de las protestas en la región Loreto, ocurriera un hito para enfrentar el impacto ambiental en los territorios de la Amazonía. 

El gobierno peruano aprobó destinar un porcentaje del canon petrolero a favor de las comunidades indígenas tras la firma de un acta en la que también participaron líderes locales. Sin embargo, su implementación para el desarrollo de proyectos resultó ser un “fiasco”, según un análisis del economista Roger Grández Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico del Perú Prospectiva Amazónica.  Al revisar las cifras invertidas para favorecer a esta población específica, encontró que de 131 millones de soles —calculados para el período 2007 al 2021— solo habían culminado 13 obras por 4,4 millones de soles. 

Mientras tanto, la afectación al medio ambiente ha sido recurrente en el tiempo. Un análisis realizado por un grupo de trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos identificó que, entre 1997 y mayo de 2023, el Gobierno peruano registró 1.460 emergencias por derrames de petróleo. Del total, 831 — el 56,8% — ocurrieron en territorio amazónico.

A pesar de la resistencia de las comunidades indígenas y del daño ambiental que las petroleras ya han causado en esta región estratégica para la conservación, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha mostrado interés en promover la exploración y explotación de nuevos pozos petroleros en la Amazonía, donde ya se desarrolla buena parte de dicha exploración. 

Perú cuenta con 77 bloques destinados a la explotación de petróleo, de los cuales casi la mitad, 42 áreas, están ubicadas en la región amazónica, según datos compilados por el Instituto Internacional Arayara. De las áreas ya concesionadas: Los bloques concesionados son áreas subastadas que otorgan a las empresas derechos de exploración y producción de petróleo o gas natural. a empresas, que están en producción o en busca de reservas, 15 de los 44 bloques se encuentran en la Amazonía.

En febrero, la actividad petrolera en el Perú ha producido más de 1,3 millones de barriles, es decir, un promedio diario de más de 45.800 barriles. De esta cantidad, casi la mitad correspondió al Lote 95, operado por la empresa de capital canadiense PetroTal y con actividades en la región Loreto. 

En la actualidad, Loreto es la principal zona amazónica dedicada al sector petrolero y la segunda del país, solo por detrás de la región costera de Piura. En el primer semestre del 2024, la producción de crudo en Loreto aumentó un 16%, respecto al mismo periodo del año pasado. Además, representó el 97% de todas las exportaciones de la región, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Sin embargo, el interés del actual gobierno por la industria petrolera ocurre en un contexto de caída en los contratos de exploración y explotación en el país. De los 82 acuerdos vigentes en 2011, en 2023 quedaron solo 31 a nivel nacional, y en los últimos cinco años solo se han firmado cinco contratos nuevos, y solo uno en 2023, según un informe de este año del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI).

En su publicación, el NRGI concluye que la caída de la producción de petróleo se debe a una serie de obstáculos económicos como el estancamiento de la inversión, los costos elevados que representa la extracción de crudo, las perspectivas globales de caída del precio de este recurso, así como los problemas ambientales y los pasivos generados por derrames. 

Si bien esto podría ser una buena noticia para el medio ambiente, también es cierto que un declive en esta actividad supondría un golpe para el presupuesto de muchos municipios de esta región —cinco lotes petroleros tienen operaciones activas en la Amazonía peruana— que dependen en gran medida de las regalías y el canon, ya que estos ingresos, en teoría, deben destinarse a una mejora en la calidad de vida de los habitantes de estos municipios. 

En Mazán, por ejemplo, la partida correspondiente al canon petrolero representó el 50,6% del presupuesto municipal en 2024. Sin embargo, a pesar de beneficiarse de estos ingresos desde hace cerca de 20 años, no se evidencian cambios positivos en los indicadores sociales del lugar. Tampoco se han producido cambios importantes en el resto de distritos de la región de Loreto. Una revisión de los datos históricos del uso del canon en esta región, realizada para este proyecto, así lo demuestra. 

Este proyecto también corroboró la realidad durante una visita al terreno. En lo que en el pasado fue un bosque, hoy existe un botadero improvisado a donde llega toda la basura generada en el distrito de Mazán. Algunos gallinazos también alzan el vuelo desde los restos de comida descompuesta y otros residuos orgánicos que generan un olor desagradable.

Acceder a este espacio es complejo si uno no lleva botas u otros elementos para evitar tropezar con los desperdicios regados por el suelo, cubierto de barro e impregnado de toda clase de desechos. 

Todos los días, a las cinco de la mañana y a las cuatro de la tarde, Rony Machacuri López, de 50 años, y otro compañero trasladan la basura recolectada en Mazán en una furgoneta hasta este lugar. Este trabajo que realiza para el municipio le representa una ganancia mensual de unos S/1.130, equivalente al sueldo mínimo peruano. No se encuentra en planilla ni tiene beneficios laborales, pero en 2022 optó por esta labor para mantener a sus tres hijos.

Recién hace un par de meses, tras la visita de este medio a la localidad en octubre de 2024, el municipio le proporcionó botas, mascarillas, guantes y un uniforme que solo ha cambiado un par de veces desde que empezó a trabajar en este puesto. 

“Las autoridades no se preocupan ni dicen nada. Necesitamos una máquina nueva [para trasladar los desperdicios] y un nuevo botadero donde se pueda dejar la basura incluso en tiempos de lluvia. Ahorita hay unas tablas que resbalan cuando se entra, pero podría haber una rampa de concreto”, resume Machacuri López para esta investigación transfronteriza. 

Esa rampa u otras mejoras en el botadero de Mazán deberían existir, ya que en 2023 el Ministerio de Economía y Finanzas registró un proyecto del municipio para mejorar la gestión de los residuos sólidos con fondos del canon petrolero por más de S/ 150.000  soles. 

Al preguntarle al alcalde de Mazán, Mauro Díaz Góngora, por qué no se había ejecutado esta obra, señaló que “no habían tocado” el proyecto porque venía de la “gestión pasada”, pero que habían adquirido un terreno de tres hectáreas para instalar un nuevo centro de acopio de la basura. La autoridad, que despacha desde una amplia oficina con ventiladores para apaciguar el calor intenso durante la temporada seca, agregó que en 2024 han trabajado “recién en el expediente para ver cuánto será la inversión [del proyecto]” y que esta se realizaría en el  2025. 

En el portal de Transparencia Económica, donde se puede consultar públicamente cómo se han ejecutado los recursos públicos, además del botadero, no hay muchos proyectos relacionados con la mejora de los otros servicios básicos en el distrito, como el agua potable o el alumbrado público, en los gastos realizados con fondos del canon desde 2015 . 

Tampoco, como evidenció un análisis para este proyecto, hay ninguna mención sobre eventuales mejoras en el puerto local o en el centro médico (cuyo proyecto de reconstrucción contará con presupuesto del gobierno central y no del municipio).

Al revisar el porcentaje de ejecución, en 2023, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Mazán ejecutó el 61,7% de los casi S/ 4 millones (USD 1’069.000 al tipo de cambio de la época) que recibió del canon. Al cierre de 2024, el municipio había gastado solo el 52,6% de los más de S/ 9’000.000 (USD 2’400.000) disponibles del mismo rubro. 

Sobre la baja ejecución y el gasto, el alcalde Díaz Góngora dice que esta información se actualizará “a fines de noviembre o medio de diciembre [del 2024 porque] se van a ir liquidando [pagando] las obras”. Sin embargo, hasta fines de marzo, la plataforma actualizada del MEF, todavía señalaba un avance del 52.6% de ejecución y el cemento no tiene una presencia muy notoria ni en construcciones de edificios ni en las calles del distrito, donde el tránsito de motos se dificulta en tiempos de lluvia. 

¿Entonces, en qué se ha gastado el canon? En 2023 y 2024, la mayor parte de los fondos se destinaron más de S/1’300.000 (USD 375.000) a la construcción de pistas para la movilidad urbana y en el renovado campo deportivo, que fue inaugurado a inicios de octubre del 2024. Es una de las obras que más recuerda la población sobre la gestión municipal de Díaz Góngora. 

El alcalde evitó responder sobre sus prioridades para el municipio, los proyectos del sector salud, o qué ocurría con la diferencia no utilizada, e insistió que usaban el presupuesto en “expedientes técnicos” para proyectos futuros del distrito. Para el 2025 “ya vendrán las obras”, dijo. 

Los expedientes técnicos son documentos donde se especifican los detalles que tendrá un proyecto de inversión pública tales como el período de ejecución, la viabilidad, riesgos, presupuesto, entre otros. Cada inicio de año, se presentan ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la entidad que tiene la responsabilidad de fijar los montos que recibe cada localidad según criterios de población y necesidades básicas insatisfechas así como déficit de infraestructura que maneje el municipio. 

Luego, las distintas oficinas del MEF evalúan y autorizan el uso del gasto del canon para los proyectos presentados.

Mazán es solo un ejemplo de la falta de uso de canon petrolero en Loreto, que este año también se ha enfrentado a sequías históricas en la Amazonía. En 2023, este gobierno regional manejó un presupuesto de más de S/ 482’000.000 (más de USD 128’000.000) procedente de la fuente petrolera y ejecutó casi el 80%.

Durante el viaje por la región, periodistas de este proyecto de investigación también acudieron a las oficinas del Gobierno Regional de Loreto para entrevistar a los funcionarios a cargo de las obras públicas desarrolladas con el canon petrolero. Sin embargo, ningún funcionario ni el área de prensa respondió a la solicitud de entrevista. 

Esta investigación transfronteriza también analizó la cantidad de recursos por canon que recibieron 13 distritos amazónicos de esta región con lotes petroleros en su jurisdicción. En 2023, sumaron más de S/ 78’900.000 (USD 21’000.000) en canon para ejecutar.


Las localidades gastaron, en promedio, el 45% de este canon. En algunos casos, ni siquiera ejecutaron el 12% de lo recibido. Esta falta de ejecución resulta sorprendente, si se tiene en cuenta que son municipios altamente dependientes del canon, que representa, en promedio, el 48% de todo el presupuesto que reciben.

En otros países que comparten la Amazonía, la distribución de regalías enfrenta una serie de desafíos.

Guyana, por ejemplo, enfrenta dificultades con el contrato firmado con Esso, subsidiaria de la estadounidense ExxonMobil, que domina la explotación petrolera en el país. El acuerdo establece regalías de apenas un 2%, un porcentaje muy por debajo del aplicado en otros países, como Brasil, donde la tasa alcanza el 15 %. 

En Brasil, un estudio de la Universidad Federal de Sergipe concluyó que, de manera contradictoria, los municipios más dependientes de las regalías del petróleo redujeron sus gastos en sectores como la educación, a pesar de que la legislación establece que parte de esos ingresos debe destinarse a esa área.

Y en Colombia, un informe de la Pontificia Universidad Javeriana destacó que la aplicación de las regalías resultó en “proyectos de bajo impacto, fallas en la formulación, aprobación y ejecución de las iniciativas, además de la proliferación de graves casos de corrupción.

En el caso de Perú, ¿cómo se puede explicar que municipios amazónicos como Mazán no utilicen los recursos que reciben del canon petrolero cada año para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes? La respuesta es compleja.

Karla Gaviño Masías, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explica que este cumplimiento presenta varios obstáculos para su correcto funcionamiento y, en parte, es una falla de diseño o de procedimiento, al menos en Perú. 

“El problema es que el esquema de financiamiento hace que [los fondos] se entreguen [por parte del MEF] en distintos momentos y no se da todo al inicio del año. Eso hace que sea más difícil ejecutar”, agregó para esta investigación transfronteriza.  

La también especialista en inversión pública e infraestructura recordó, además, que en los municipios locales faltan recursos humanos para poder planear las obras de inversión, lo que genera una sobrecarga en las funciones que desempeñan. “No hay un acompañamiento del Poder Ejecutivo para explicar los procedimientos, en paralelo a la elaboración de los proyectos”, indicó. 

Además de los problemas propios que conlleva la descentralización y la falta de funcionarios capacitados para ejecutar los proyectos, sobre todo en regiones apartadas, otra de las críticas que se hace al modelo del canon en Perú es que su uso limita a proyectos de infraestructura, cuando hay otros problemas urgentes que no se resuelven con la construcción de una vía o de un edificio. Países como Brasil y Colombia no tienen una regla clara que limite el uso de las regalías únicamente a infraestructura.

Para la experta, sin embargo, el problema no radica en que el canon deba utilizarse únicamente en obras públicas, sino en que no debería perder su orientación hacia cerrar las brechas sociales que generan desigualdad en la sociedad. 

Otra es la visión de Epifanio Baca Tupayachi, economista y coordinador de proyectos del Grupo Propuesta Ciudadana, quien ha planteado desde su organización un escenario para “flexibilizar” los usos del canon y que no se destine únicamente a infraestructura, sino también al pago de bienes y servicios. “Por ejemplo, se podría usar para salud y para pagar a algunos técnicos que atiendan a la gente o en otros sectores como educación”, explicó a este medio. 

En el caso de Mazán, por ejemplo, hay índices elevados de abuso sexual a menores, pero el dinero del canon, tal y como está planteado en la actualidad, no permite destinarlo a crear una ruta de atención especial ni a realizar una campaña educativa enfocada en la prevención del acoso infantil. 

Aún si se flexibilizaran las condiciones, surge otro problema: ¿cuáles son los criterios para priorizar un proyecto sobre otro? ¿Cuál requiere atención más urgente? ¿Cuál va a reducir más las brechas o a beneficiar a más personas del municipio? A menudo, según los expertos, son decisiones discrecionales en las que también entran en consideración otro tipo de cálculos, entre ellos los económicos y los políticos.

Y luego están otro tipo de consideraciones que tal vez no itan una regla nacional o general. Según Baca Tupayachi, hay que tener en cuenta otro tipo de factores como la cantidad de canon que reciben los diferentes distritos según su ubicación, ya que implementar iniciativas de agua y saneamiento puede representar un reto por la complejidad geográfica de la Amazonía. 

A los problemas estatales señalados por los especialistas en cuanto a funcionamiento, normatividad, y decisión, se suma otro: la poca vigilancia e interés por parte de la mayoría de la población por un concepto técnico que, paradójicamente, ellas mismas presionaron para que existiera, especialmente en Loreto, desde hace más de dos décadas, con el fin de aprovechar la riqueza petrolera en su beneficio y compensar el alto impacto de esta actividad extractiva en sus comunidades y el medio ambiente.