El trío de activistas afirma haber encontrado pruebas de esas ilegalidades a través de imágenes de satélite. En abril de 2021, ellas notificaron a la Agencia de Protección Ambiental de Guyana (EPA), organismo responsable de conceder licencias y supervisar el sector petrolero en el país. 

Apenas un mes después de la denuncia, EPA revisó la licencia ambiental de la petrolera, suavizando las condiciones para la quema de gas en los mecheros. La agencia permitió ampliar el periodo de flaring de tres a 60 días consecutivos, pero pasó a cobrar US$ 45 por cada tonelada de CO₂ emitida en ese proceso.

Cuando la situación se volvió pública en agosto de 2021, ya se habían quemado millones de metros cúbicos de gas. Ante los tribunales, Esso justificó el flaring debido a una falla mecánica en el sistema de compresión de gas.

Según las activistas, el proceso se ha desarrollado sin transparencia. Durante meses, la abogada Melinda Janki —que representó a las ambientalistas en la demanda contra Esso y fue la principal redactora de la legislación ambiental de Guyana en 1996— intentó obtener actualizaciones sobre el caso, pero no tuvo éxito. Ante la opacidad del sistema judicial, Janki y las activistas publicaron una carta abierta exigiendo una decisión urgente en un proceso que afecta directamente al futuro medioambiental y social de Guyana.

En 2023, la presidenta de la Suprema Corte de Guyana, Roxanne George, finalmente dictó una sentencia, pero favoreciendo a la petrolera. “No se ha demostrado que la modificación de la licencia haya provocado o esté provocando efectos adversos adicionales sobre el medioambiente”, declaró en su decisión. “No hay nada en la ley que impida la emisión de una licencia modificada”. 

Vincent Adams es un especialista en petróleo y gas con más de 30 años de experiencia en el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Además, fue director de la EPA de Guyana entre 2018 y 2020. Para él, la decisión de la corte “subvierte los principios medioambientales, porque ahora el gobierno básicamente está diciendo ‘contaminen todo lo que quieran, desde que puedan pagarlo’”.

Cuando se hizo cargo de la agencia guyanesa, Adams dice que encontró una institución mal preparada para lidiar con la industria petrolera: “No había ni un ingeniero especializado en petróleo”. Él recuerda que la agencia apenas funcionaba para “ponerle un sello” a las solicitudes de ExxonMobil y sus empresas asociadas.

En 2020, cuando Esso solicitó la licencia para el campo Payara, el tercero en el país, Adams afirma haberle exigido garantías financieras para indemnizaciones por accidentes ambientales: Es el valor que una empresa le paga al gobierno como mecanismo de reparación en caso de daños medioambientales, incluidos los derrames petroleros., algo que se había pedido en los dos proyectos anteriores. Según el experto, los estudios ambientales presentados para la concesión de licencias de los tres proyectos —prácticamente idénticos el uno al otro— indicaban que un derrame de petróleo crudo en la región podría extenderse a lo largo de la costa de Venezuela y pasar por varios países del Caribe hasta llegar a Jamaica.

Adams dejó la agencia en agosto de 2020 después del cambio de gobierno en Guyana. Él recuerda que al mes siguiente otorgaron las licencias. “Cuando me fui, ellos se hicieron cargo”, afirma el ingeniero, que desde ese entonces se ha convertido en uno de los principales críticos del actual modelo de explotación petrolera en el país.

Las controversias en torno a la actividad petrolera en Guyana van más allá de la concesión de licencias: datan desde el inicio de las negociaciones con el sector. En 2015, después de que ExxonMobil descubriera la primera reserva en el país, el gobierno tuvo que definir desde cero los términos de un contrato para el bloque Stabroek, estableciendo plazos y los porcentajes de ganancias y costos a ser recuperados. 

El acuerdo entre Esso y el gobierno guyanés se negoció a puertas cerradas en 2016 y se mantuvo en secreto hasta 2017. Únicamente se hizo público tras fuertes presiones externas y ha sido duramente criticado tanto por expertos como por la clase política.

El contrato establece que hasta el 75% de los ingresos brutos mensuales generados por la explotación del bloque deben destinarse a pagar los costos operacionales y de desarrollo de las empresas. El resto se divide en partes iguales entre el gobierno guyanés y el consorcio, lo que resulta en una participación de 12,5% de los ingresos para Guyana. Además, el acuerdo incluye regalías de apenas 2% sobre el valor del petróleo vendido, un porcentaje bastante inferior al de otros países. En Brasil, las regalías pueden llegar al 15%, mientras que en Estados Unidos ya van para más de 16%.

Un informe del Instituto Estadounidense de Investigación Financiera (Ieefa) afirma que el contrato le impone cláusulas desfavorables a Guyana, lo que permite que el consorcio petrolero recupere sus gastos más allá de lo normal. El documento también señala la existencia de “deudas ocultas” en el acuerdo y advierte que el erario guyanés está soportando una carga tributaria desproporcionada. Según el informe, las petroleras recibieron US$ 3,6 mil millones entre 2019 y 2021. Mientras tanto, Guyana solamente recibió US$ 607 millones, una proporción de 6 para 1 favorable a las compañías.

“Es un contrato muy malo, nos quita muchos recursos”, dijo Donald Ramotar, expresidente de Guyana. Durante su gobierno, entre 2011 y 2015, ExxonMobil realizó estudios en la zona costera que resultaron en el primer gran hallazgo petrolero del país.

Aunque pertenece al mismo partido del actual presidente, Irfaan Ali, el exmandatario defiende que se revisen las cláusulas del contrato. Ali, por su parte, ite que el acuerdo es desfavorable, pero sostiene que hay que respetar la “inviolabilidad del contrato”. 

El presidente promete negociar mejores condiciones para futuros contratos. Sin embargo, la promesa puede ser inocua. Todos los campos petroleros planeados por ExxonMobil están dentro del bloque Stabroek, protegido por el contrato de 2016. 

El alcalde de Georgetown, Alfred Mentore, adversario de Ali, afirma que la revisión del contrato depende de la voluntad política. “Con la ayuda de buenos abogados, es posible llegar a algún tipo de consenso”, declaró Mentore. 

Aunque él no se opone a las actividades petroleras en Guyana, Mentore pide un planteamiento más balanceado: “Tenemos que encontrar un equilibrio entre nuestro impacto en el medioambiente y cómo miramos el desarrollo”.

Otro gran crítico del contrato es Frederick Collins, presidente del Instituto de Transparencia de Guyana. La organización anticorrupción ha publicado una serie de análisis en los periódicos guyaneses, exponiendo los puntos débiles del acuerdo. 

Collins consideró que el contrato fue “muy favorable a Exxon” y condenó la decisión del gobierno de mantenerlo en secreto. Además, él señaló otro punto que le llamó más la atención: el hecho de que EPA no hubiera exigido garantías financieras para posibles derrames petroleros. 

Ante esa situación, Collins llevó el caso a los tribunales, y ganó. En mayo de 2023, la Corte Suprema de Guyana reforzó la urgencia de exigir garantías financieras para la actividad petrolera en el país. La sentencia concluyó que la agencia estatal había actuado con “permisividad y complacencia, lo que pone a la nación y a su pueblo en grave peligro de sufrir un terrible desastre”. Esso y el gobierno de Guyana apelaron la decisión ante otro tribunal. En esa ocasión, EPA estimó que el valor necesario para cubrir los posibles daños medioambientales de la actividad sería de US$ 2 mil millones. En junio de 2023, el tribunal aceptó el argumento y suspendió la decisión anterior.

Collins consideró que la cantidad era insuficiente para remediar los impactos del petróleo. Él recordó el derrame en el Golfo de México en 2010, desastre que obligó a la petrolera británica BP y sus aseguradoras a pagar US$ 69 mil millones como forma de reparar los daños. 

En 2024, Esso fue nuevamente citada ante la justicia bajo sospecha de sobreprecio en la compra de equipos necesarios para la perforación de pozos petroleros, lo que redujo aún más el valor destinado al gobierno nacional. La Autoridad Fiscal de Guyana señaló que la empresa declaró un gasto de US$ 12 mil millones por máquinas que en realidad costaban menos de US$ 5 millones.

En un comunicado publicado en la prensa guyanesa, la petrolera afirmó que el importador del equipo había cometido un “error istrativo”, pero que eso no había representado pérdidas para el gobierno. Ante el tribunal, Esso negó su responsabilidad en el caso, que aún aguarda sentencia.

InfoAmazonia trató de ponerse en o con ExxonMobil y su filial en Guyana, Esso, pero no recibió respuesta. También le enviamos preguntas a las petroleras Hess y CNOOC, que no se habían manifestado hasta la publicación de este artículo. Se ó al gobierno de Guyana y a la Agencia de Protección Ambiental de Guyana (EPA), pero no se pronunciaron sobre las preguntas realizadas por el reportaje.

Los habitantes de las comunidades costeras e indígenas alrededor de Georgetown están divididos y recelosos ante la llegada de la industria petrolera al país. En Hope Beach, a 25 km de la capital, un auténtico cementerio de barcos revela como la pesca ha perdido espacio. “Eran barcos que se utilizaban para pescar, pero la gente los puso a la venta y nadie quiso comprarlos”, explica el pescador Amran Samad.

Los pescadores denuncian que la extracción de petróleo ha traído una serie de problemas para su actividad. Ellos citan el intenso flujo de barcos y las vibraciones causadas por las operaciones offshore (en alta mar) como posibles factores que alejan a los peces. Mientras tanto, el aumento de las importaciones de pescado, vendido a precios muy bajos, ha intensificado la competencia desleal y reducido la demanda del producto local.

En la comunidad de Anna Regina, a 60 km de Georgetown, una placa dejaba un mensaje de advertencia: “Los manglares nos protegen y resguardan lo que pescamos en el mar. Protejámoslos”. 

Doodneith Mdehnai, que vende verduras y pescado en ese pequeño pueblo, tiene sentimientos conflictivos sobre el tema. “Creo que el petróleo es bueno porque trae dinero y empleo”, afirma. Pero luego menciona el posible impacto ambiental: “El manglar es nuestra fuente de vida. Si un derrame llega al manglar, se acaba todo”.

En la comunidad indígena de St Denny’s, a unos 100 km de Georgetown, el concejal Donnet Frederick nos mostró un invernadero de hortalizas construido con fondos procedentes de la venta de créditos de carbono.

“Nuestra comunidad recibió US$ 80 millones guyaneses [alrededor de US$ 370 mil] de los proyectos de créditos de carbono. Este dinero se utilizó para crear una granja, construir un invernadero y renovar nuestra producción”, afirmó.

En diciembre de 2022, el gobierno de Guyana firmó un acuerdo con Hess Corporation, miembro del consorcio liderado por ExxonMobil, para vender 37,5 millones de créditos de carbono a lo largo de una década. El proyecto es posiblemente el primero en el mundo a ofrecer créditos en escala nacional para el mercado voluntario de carbono.

La iniciativa abarca todos los bosques del país, que suman 180 mil km² y cubren casi el 90% del territorio nacional. En estas zonas vive la mayoría de los indígenas de Guyana, que constituyen el 10% de la población. Hasta 2032, Hess deberá pagar un total de US$ 750 millones al gobierno guyanés, con la promesa de que el 15% sea destinado exclusivamente a los pueblos tradicionales.

Pero el líder indígena Mario Hastings sostiene que las comunidades fueron seducidas por promesas financieras y no fueron debidamente consultadas sobre el proyecto.

Durante varios años, Hastings fue cacique (toshao) de la aldea Kako, en la región de Esequibo, que recientemente se vio involucrada en una disputa territorial con Venezuela. El antiguo líder dijo que en 2022 participó en una reunión del Consejo de Toshaos en la capital, en la que se planteó la propuesta del proyecto del carbono. 

“Recibimos muchas páginas en inglés, con una jerga muy técnica, y nos pidieron que respondiéramos inmediatamente”, dijo Hastings. Las comunidades indígenas de Guyana no tienen el inglés como lengua materna, y utilizan sus lenguas nativas en su vida diaria. 

“No nos dejaron volver a nuestras comunidades para enseñarles la propuesta. Dije que no, que no podía hacerle eso a mi gente”, recuerda. Finalmente, la opinión de Hastings fue rechazada por el resto del consejo.

Nicholas Peters, coordinador de política y defensa pública de la Asociación de Pueblos Amerindios (APA), afirmó que las comunidades indígenas no han recibido suficiente información sobre el proyecto del mercado de carbono ni sobre los planes petroleros.

“La mayoría de las comunidades de la zona costera no son conscientes de lo que podría ocurrir si se produce un derrame petrolero”, afirma Petters, que trabaja para ampliar los debates sobre el tema en las comunidades. 

El proyecto propone comercializar el carbono de la selva para compensar las emisiones de la industria petrolera en Guyana. Sin embargo, un análisis del Instituto Internacional Arayara, realizado a pedido de InfoAmazonia, señala que gran parte de esa compensación sería contrarrestada por la explotación de petróleo. Esto se debe a que los bosques amazónicos del país albergan una reserva de carbono estimada en 4,25 gigatoneladas (Gt) —el equivalente a 15,6 Gt de CO₂—, mientras que la quema de las reservas de petróleo ya identificadas podría liberar hasta 4,09 Gt de CO₂ a la atmósfera, una auténtica bomba de carbono. 

Otros factores, como la deforestación y los cambios en el uso del suelo, están destruyendo los bosques y generando emisiones en Guyana. Si se encuentran nuevas reservas, las emisiones de la actividad petrolera y su cadena productiva podrían ejercer aún más presión sobre la selva amazónica. “La duda es si ella será suficiente para equilibrar este impacto en el futuro”, cuestionó Joubert Marques, ingeniero ambiental de Arayara que fue consultor científico para este artículo.

En 2024, APA y otras organizaciones sociales publicaron un informe en el que denunciaban las violaciones del proyecto de carbono del gobierno guyanés. El documento destaca que el proceso de certificación “violó las salvaguardias” de los pueblos indígenas al conceder todos los bosques del país al programa.

“Ahora estamos descubriendo que nuestros bosques pueden estar siendo ‘vendidos’ a las empresas que más contribuyen para el cambio climático, que son las petroleras. Pero los indígenas no sabemos qué se firmó ni cuál fue el acuerdo, porque no hubo una consulta adecuada”, dijo Hastings.

El proyecto Hasta la última gota también identificó que, además de la producción petrolera en alta mar, hay bloques en tierra firme que fueron delimitados dentro de 13 tierras indígenas y un área de conservación en Guyana.

Trevon Baird, profesor de la Universidad de Guyana, cuestiona la idea de “progreso” basada en los créditos de carbono. “No se puede simplemente arrojar dinero a las comunidades sin tener en cuenta las repercusiones culturales y medioambientales”, afirma el antropólogo, que investiga los efectos de estas transformaciones en las comunidades indígenas y afrodescendientes de Guyana y el Caribe.

El profesor afirma que los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables representan “blancos fáciles en la mira de los proyectos” y también son los más afectados por el cambio climático.