Con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender por 90 días los fondos de cooperación internacional, la Amazonia también se ve afectada. Varios de los programas enfocados en esta región se encuentran ahora en vilo. ¿Qué esperar?
“America First” o “Estados Unidos primero”. Esa es la política exterior que llevó a Donald Trump, en su primer día como presidente (el 20 de enero), a firmar una orden ejecutiva que suspendió el desembolso de fondos de cooperación internacional. Con excepción de los recursos destinados a Israel y Egipto, el resto de las ayudas otorgadas por el gobierno estadounidense están congeladas por al menos tres meses.
Durante esos 90 días, cada programa de asistencia extranjera será evaluado para decidir si se mantiene, se modifica o si se suspende definitivamente. La continuidad de esos proyectos dependerá, en esencia, de si están o no alineados con la política exterior y los intereses del Gobierno Trump.
La medida es de gran impacto para Colombia, el país de América Latina que más dinero recibe. Solo durante 2024, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, se destinaron alrededor de USD $290 millones para proyectos de asistencia humanitaria, paz y seguridad, desarrollo económico, salud, educación, entre otros. De ese valor, USD $260.7 millones fueron istrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una entidad que Elon Musk, el hombre más rico del mundo y uno de los principales aliados de Trump, califica como “un nido de víboras marxistas”.
Como hemos informado en estas páginas, la decisión de Trump está afectando la implementación del Acuerdo de Paz, la reforma agraria, el desarrollo rural y la migración. Sin embargo, hay un tema que no puede pasar desapercibido: el impacto en la protección de la biodiversidad, especialmente en la Amazonia. Según su página web, USAID había invertido casi USD $445 millones en proyectos en esta región para el año 2021, siendo uno de los mayores donantes para su conservación. Aunque este diario intentó hablar con funcionarios de la agencia, por el momento no están autorizados para dar declaraciones.
Ahora, la palabra que más se repite entre líderes de organizaciones del sector ambiental es “incertidumbre”. ¿Qué pasará, por ejemplo, con programas como Amazonía Mía? Implementado desde julio de 2021 en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, en áreas críticas cercanas a parques naturales, reservas forestales y territorios indígenas, su propósito ha sido, “apoyar al Gobierno de Colombia en la prevención y enjuiciamiento de crímenes ambientales con el fin de reducir la deforestación e incrementar la conservación de los bosques”.
Inicialmente previsto hasta junio de 2026, Amazonía Mía aspira a reducir, secuestrar y/o evitar la emisión de unos 12 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Esto podría equivaler a retirar de circulación más de 2.5 millones de vehículos promedio durante un año. Pero además, el programa busca mejorar la subsistencia de más de 10.000 personas mediante prácticas sostenibles, movilizar USD $13.2 millones en inversión para la conservación de paisajes y especies, fortalecer la gestión de recursos naturales en 1.3 millones de hectáreas y aumentar en un 30 % las acciones judiciales contra crímenes ambientales.
Amazonía Mía no es el único programa de USAID enfocado en esa región que enfrenta un futuro incierto. Otros como SERVIR Amazonía, el Programa Regional Ambiental para la Amazonía (AREP), el Fortalecimiento a las Organizaciones Indígenas de la Amazonía (SCIOA) y Amazonía Conectada están también en la cuerda floja. Con el congelamiento de los fondos de cooperación, no está claro si estos programas podrán cumplir sus objetivos o si su impacto en la selva amazónica se verá seriamente afectado.
Mal pronóstico
Lawrence Gumbiner, ex diplomático de alto rango de Estados Unidos y profesor enfocado en política exterior con experiencia en estrategias ambientales, explica que Trump busca que su gobierno enfoque los recursos en asuntos que impacten directamente al país norteamericano. Al fin y al cabo, sus ciudadanos contribuyen con sus impuestos a los fondos de USAID. La protección de la Amazonia, sin embargo, no entraría en esa categoría. “Trump no lo ve como una prioridad. Que la gente pague para preservar la Amazonía no está dentro de su filosofía”.
Ese enfoque parece ir en sintonía con una agenda ambiental que pierde fuerza en el nuevo gobierno de Estados Unidos. Camilo González Vides, politólogo, internacionalista y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, recuerda que Trump ha manifestado que buscará promover mayores modelos extractivistas, entre ellos el fracking, una técnica para extraer petróleo y gas mediante la inyección de agua a alta presión en rocas subterráneas, lo que se sabe que puede causar contaminación de las fuentes hídricas. Además, otra de las órdenes ejecutivas que firmó el 20 de enero fue la de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a muy por debajo de los 2 °C, idealmente a 1.5 °C.
Todo esto, dice González, son señales de que es muy probable que los proyectos de USAID enfocados en el medio ambiente y en combatir el cambio climático, incluidos los de una región clave como la Amazonía, se terminarán. “El interés de esta istración es en mayor parte la economía fósil y no realmente una protección integral de los recursos naturales”, afirma el investigador de la Javeriana.
Las consecuencias de no continuar con esta financiación podrían ser de gran magnitud, según la dirección de una organización ambiental que prefiere que no se mencione su nombre: “En la Amazonia faltan fondos y, según los estudios, estos provienen más que todo de créditos. Entonces, los fondos gratuitos o las donaciones son muy útiles porque no se deben retribuir ni pagar intereses, lo cual es favorable para las comunidades y los ecosistemas en el país”.
No es lo mismo financiar proyectos con créditos, que generan una deuda que debe ser pagada con intereses y, a menudo, pone presión sobre las comunidades locales, que hacerlo con donaciones, que tienden a favorecer la sostenibilidad de las iniciativas. “Cualquier recorte (en esas donaciones) tiene un gran impacto”, dicen desde esa organización.
El impacto no solo sería para los planes futuros, sino también lo ya acordado. David Fernando Varela Sánchez, profesor de derecho de la Pontificia Universidad Javeriana con un doctorado en Asuntos Internacionales, advierte que organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y de mujeres, que se han beneficiado de los programas de USAID durante los últimos años, podrían quedar temporalmente desprotegidas a partir de ahora.
Con él concuerda Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y quien ha trabajado durante más de 30 años en temas relacionados con la región amazónica. Botero cree que si se suspende definitivamente ese apoyo, las comunidades que actualmente están en procesos de reconversión productiva de mediano y largo plazo se verán afectadas.
Además, la falta de fondos podría influir sobre los monitoreos de la selva que apoya USAID y que hacen actualmente tanto autoridades nacionales como regionales. Ese monitoreo es clave, por ejemplo, para hacer seguimiento de la deforestación, identificar áreas críticas y promover la implementación efectiva de políticas de conservación.
El fortalecimiento institucional, no solo de agencias ambientales, sino también de otros sectores como el de justicia, podría ser otro gran perdedor ante la posible pérdida definitiva de fondos. Un caso evidente es el de Amazonía Mía, pues uno de sus objetivos ha sido fortalecer la capacidad de 95 entidades públicas para abordar, además del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, los crímenes ambientales. En general, dice Botero, “la afectación será sensible, y será un punto obligado de discusión de las demás agencias de cooperación y del Gobierno colombiano, con el fin de darle continuidad a estos procesos sin la ayuda financiera y técnica de USAID”.
En busca de soluciones
Si se materializa el escenario más pesimista, la pregunta es: ¿qué puede hacer el país? “Será importante la capacidad de negociación de Colombia con Estados Unidos. Es posible encontrar nuevos acuerdos, una nueva estrategia para reconocer prioridades, tanto de la istración Trump como la de nuestro país”, sugiere Varela. En ese sentido, sería clave entender el lenguaje en el que habla el presidente norteamericano y la necesidad de alinear sus intereses con los nuestros.
El objetivo, subraya Gumbiner, el ex diplomático, puede ser entonces convencer a Trump de que la conservación y protección de la Amazonia trae beneficios directos a Estados Unidos, a pesar de que se ubique a miles de kilómetros de su territorio continental.
En esa labor se podrían resaltar aspectos como los que menciona Fernando Páez, director adjunto para la oficina del Instituto de Recursos Mundiales en Colombia: “La Amazonía no solo provee servicios ambientales cruciales para el planeta, como la regulación del ciclo del agua y la captura de carbono, sino que también es el hogar de comunidades indígenas y rurales cuya vida depende de su sostenibilidad. Este ecosistema, esencial para mitigar los efectos del cambio climático y preservar la biodiversidad, requiere esfuerzos conjuntos y sostenidos”.
Es decir, convencer al presidente estadounidense de que la preservación de la Amazonía no solo es una prioridad ambiental global, sino también una cuestión estratégica que beneficia directamente a ambas naciones. Por ejemplo, se sabe que lo que pase en la Amazonía tiene consecuencias directas en la seguridad climática, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. La Amazonia, al ser un regulador clave del clima, influye en los patrones meteorológicos globales. De hecho, según Varela, es importante no perder de vista en esta discusión que la cooperación de EE.UU no se puede entender como un regalo, sino como una asistencia “donde hay contrapartidas no escritas y no monetarias, donde los beneficios pueden no ser tan medibles en algunos casos, pero existen, y eso lo tiene que considerar una gran potencia”.
Finalmente, otra parte de la solución, agrega Páez, podría ser fortalecer la cooperación multilateral (con otros países y organizaciones supranacionales), promover políticas públicas efectivas y sumar esfuerzos del sector privado, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil. Diversificar los aliados podría ser importante a mediano y largo plazo, considerando que más allá de la congelación de fondos, se ha sugerido que Trump podría disolver USAID.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
